CAT/C/GTM/CO/7

por los informes que indican que la mayoría de estos actos permanecen impunes. Preocupa
además al Comité que la decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala pueda generar un retroceso en la lucha contra la
impunidad y en la cooperación internacional en esta materia. En particular, el Comité nota
con preocupación que persiste la práctica conocida como la “talacha”, por la que personas
privadas de libertad son extorsionadas a pagar sobornos para así evitar el castigo físico,
obtener atención médica, alimentos y cualquier otro beneficio carcelario (arts. 2, 10 y 12).
13.
El Estado parte debe adoptar medidas inmediatas y urgentes para erradicar la
corrupción en el sistema judicial, penitenciario y policial, lo cual representa un
obstáculo para la aplicación eficaz de la Convención. En particular, el Estado parte
debe reforzar el apoyo a la Fiscalía y fortalecer su capacidad para investigar y
enjuiciar los casos de corrupción, e iniciar auditorías independientes y programas de
formación dirigidos a los funcionarios públicos para garantizar la transparencia de
sus actuaciones. El Comité invita además al Estado parte a reconsiderar su decisión de
no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala en 2019. También pide al Estado parte que le informe sobre las medidas
que se hayan tomado y las dificultades encontradas en la lucha contra la corrupción, y
que le proporcione información sobre el número de funcionarios, incluidos los de alto
rango, que hayan sido enjuiciados y castigados por corrupción.
Mecanismo nacional de prevención de la tortura
14.
Si bien toma nota del nombramiento en agosto de 2018 de tres de los cinco relatores
integrantes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y de la intención de
aumentar su presupuesto, preocupa al Comité que los procesos de selección que han tenido
lugar hasta la fecha hayan sido cuestionados por su opacidad, demora injustificada y por no
haberse exigido la experiencia o especialización en derechos humanos como criterio de
selección. Asimismo, preocupan al Comité los informes que denuncian el incumplimiento
del mandato legal de esa Oficina en relación a la ausencia de pronunciamientos públicos y
de seguimiento de sus recomendaciones ante las autoridades competentes, la mala gestión
de los recursos, el escaso impacto de su labor y la falta de una composición
interdisciplinaria y pluricultural. El Comité se muestra especialmente alarmado por la
utilización de la institución como instrumento de presión a jueces que luchan contra la
corrupción, tal y como evidencian las acusaciones contra las juezas Iris Yassmin Barrios y
Erika Lorena Aifan Dávila en el caso Bitkov, alegando que sus actuaciones judiciales
podrían constituir tortura. El Comité lamenta la escasa participación de la sociedad civil en
la labor de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, al no haberse integrado su
consejo consultivo, la falta de reglamentación de la ley que rige la Oficina conforme a
estándares internacionales y la ausencia de una política para minimizar el riesgo de
represalias de los denunciantes (art. 2).
15.
El Comité urge al Estado parte a garantizar que la próxima elección de
relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura sea a través de un
proceso público, transparente, participativo e incluyente, de conformidad con los
criterios de independencia, equilibrio de género y étnico, con base a una evaluación
objetiva de méritos de idoneidad, probidad y reconocida capacidad en diversas áreas
multidisciplinarias, incluido en materia de atención de la salud (artículo 18 del
Protocolo Facultativo y CAT/OP/12/5, párrs. 17 a 20). El Comité insta asimismo al
Estado parte a:
a)
Evaluar periódicamente el funcionamiento de la Oficina Nacional de
Prevención de la Tortura, inclusive el manejo de recursos y el proceso de selección del
personal;
b)
Garantizar que la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura pueda
tener acceso sin demoras a todos los lugares de privación de libertad y entrevistarse
con los detenidos de manera confidencial, haga un seguimiento de los hallazgos que
transfiere a las autoridades competentes y de las recomendaciones que emite, y que
respete y garantice en todo momento la independencia judicial;

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